¿Por qué al Gobierno no le interesa el Acuerdo de Escazú?

Uno de los puntos que ha estado en el pliego de peticiones tanto del paro nacional iniciado el pasado 28 de abril, como de las movilizaciones sociales de noviembre de 2019, ha sido el de la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú.

Una vez más, después de varios aplazamientos inverosímiles en el Congreso de la República, el proyecto de Ley por el que Colombia ratifica su compromiso con el Acuerdo de Escazú se ha hundido. No es casual. Es muestra de la poca voluntad política del gobierno colombiano de implementarlo. Es muestra de la ilegitimad de la mal llamada democracia más antigua y estable de América Latina.

Mientras el ejecutivo engaña a la ciudadanía con promesas, el partido de Gobierno en el Congreso utiliza su correlación de fuerzas para legislar a favor de sus intereses: Los de la acumulación de tierras, los de la depredación de recursos naturales a favor de propios y extraños, los de los que consideran que, en nombre del progreso, la muerte, las enfermedades, el hambre y la miseria son efectos colaterales.

De hecho, la firma de dicho Acuerdo en diciembre de 2019 fue realizada por mera conveniencia publicitaria tanto externa como interna. Por un lado, el gobierno necesitaba en aquel momento captar los jugosos recursos que venían de la cooperación internacional para reducir la deforestación en la Amazonía. Por otro, el ejecutivo presentó la firma como una de sus muestras de buena voluntad en los diálogos con el Comité Nacional del Paro, en el que una de las demandas era justamente esa.

Ni la deforestación en la Amazonía se ha detenido, a pesar de los millones de dólares ingresados para ello, ni se ha cumplido la promesa presidencial de promover la ratificación del Acuerdo. Como anunciábamos hace meses en otro artículo del tema, mientras el acto formal de incorporación a la legislación interna de dicho tratado se sigue dilatando, los asesinatos de líderes sociales asociados a la defensa del patrimonio natural no se detienen, ni tampoco los conflictos socioambientales generados por esa visión miope de progreso.

La realidad sigue mostrando la gravedad de la situación para las personas que ejercen sus derechos constitucionales en defensa de lo obvio, la vida, la salud y la alimentación para los que estamos y para los que vienen.

En un artículo de Sebastián Forero Rueda (28/06/2021, El Espectador), titulado “Los defensores ambientales asesinados mientras se hundía el Acuerdo de Escazú” se evidencia con claridad que existe un patrón sistemático de asesinatos de líderes sociales defensores de la tierra, al menos 44 en lo que va del período de radicación del proyecto de ley el 20 de julio de 2020 al 30 de abril de 2021, con base en los datos que recopila el Programa Somos Defensores.

Dicha tendencia no es nueva tampoco. En 2019, en el último informe publicado por Global Witness, Colombia ocupó el tristemente célebre primer puesto en el mundo al ser el país con mayor número de asesinatos de defensores ambientales, con un ascenso en torno al doble de lo observado en 2018. Tanto en dicho informe, como en lo que analiza Sebastián Forero Rueda, hay una cuota alta de personas relacionadas con la implementación de uno de los puntos centrales del Acuerdo de Paz con las FARC (la sustitución de cultivos ilícitos), así como de indígenas y campesinos.

Un patrón que deja ver que una parte importante del despojo de tierras y el control territorial es para los negocios impunes del narcotráfico, así como monocultivos agropecuarios. Una razón de peso para que los hilos “invisibles” tengan eco en los detractores del Acuerdo de Escazú tanto en el Congreso como en la Casa de Nariño.

Colombia sigue ocupando el segundo lugar en Latinoamérica, y el sexto a nivel mundial, con más conflictos socioambientales de acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental. Un reflejo de la agenda de “progreso”. Mientras un puñado de empresas se enriquecen, la población y los recursos naturales son impactados negativamente en las regiones.

Ya se ha constatado el gran impacto negativo socioambiental de grandes proyectos hidroeléctricos como el Quimbo, Hidrosogamo e Hidroituango, sin embargo, dicho sector insiste en avanzar con su agenda expansiva. Igualmente, ya hemos visto los efectos del boom petrolero, y sabemos de los posibles efectos que podría traer la posible entrada de la técnica del fracking. Igualmente, ya se ha puesto en evidencia el gran impacto que tienen o tendrían grandes proyectos de infraestructura como el del puerto de Tribugá.

He ahí una razón de peso para entender a los detractores del Acuerdo de Escazú: el Centro Democrático y todo el empresariado agrupado en sus “lobbies” como el Consejo Gremial Nacional donde están entre otras la ANDI (organización de la que saltó a ser Ministro de Ambiente quien radicó el proyecto de ley en el congreso en julio de 2020 con carácter de urgencia), Fedegan, Fedepalma, Fenalco, etc. En su momento analizamos en este medio que los argumentos esgrimidos por el empresariado son como hemos venido constatando en casi todos los aspectos de la vida política: mentiras que convierten en verdades.

El cortoplacismo de las élites

Hay que recordar que el Acuerdo de Escazú es un “acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, el cual tiene que ver con darle impulso al cumplimiento del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.

Justo en el día mundial de la Madre Tierra (22 de abril de 2021) entró en vigor al cumplirse el número mínimo de países que lo ratificaron. Dicho Acuerdo es fundamental ya que esos tres ejes centrales para una adecuada gestión ambiental siguen siendo uno de los retos 20 años después de su proclamación. No es casual que los sectores económicos poderosos de Colombia lo consideren como peligroso para la “soberanía” de la nación y para su “desarrollo” territorial, y por ello sus voceros en el Congreso actúen como en este caso, hundiendo el proyecto de ley.

El cortoplacismo de esa élite enquistada en los poderes ejecutivo y legislativo, hacen que la defensa de sus intereses vaya en contravía de las mismas entidades financieras internacionales que les respalda (ej. Banco Mundial, BID, CEPAL, Banco de Desarrollo de América Latina – CAF) ya que consideran tener ratificado el Acuerdo de Escazú como un referente para sus préstamos/inversiones.

Para esa élite, permitir que la ciudadanía tenga información precisa y a tiempo es peligroso para sus intereses. También les parece peligrosa la participación pública, como la han venido dejando latente en los intentos por desmontar los efectos de la consulta previa libre e informada de las comunidades étnicas.

Igualmente les parece muy peligroso el acceso a la justicia en asuntos ambientales, y el logro del derecho constitucional a un ambiente sano, pero también a la protección a la vida y a la integridad física de quienes defienden dicho derecho colectivo. Los peligrosos son ellos tomando decisiones públicas.

Publicado en Semanario VOZ